A la atención de:

Gerardo Romero Esteso (Director de IMA Ibérica Asistencia)
Juan Carlos Merino San Román (Director Capital Humano y Jurídico)
Rodolphe Boutin (Director Intenacional Inter Mutuelles Assistance)

Readmisión inmediata de Jamal Kessou, Presidente del Comité de Empresa de IMA Ibérica-Prestima

¡Basta de persecución sindical por oponerse a un ERTE!


La multinacional IMA Ibérica-Prestima, tras imponer un ERTE fraudulento rechazado por la mayoría del Comité de Empresa, ha dado un paso más en sus ataques a los derechos laborales y sindicales. Pocos días después de imponer el ERTE, notificó al Presidente del Comité de Empresa, Jamal Kessou, su despido por dañar la imagen de la empresa. La razón, enviar una carta a varias empresas clientes (Lagun Aro, Línea Directa o Car Mobility System) informando sobre el ERTE y sus consecuencias, entre ellas un posible perjuicio del servicio por la disminución drástica de la plantilla.

El despido del compañero supone un grave ataque a la libertad de expresión y a la libertad sindical. Todo por haber manifestado su oposición al ERTE, y por denunciarlo públicamente, un derecho que aún conservamos las y los trabajadores mal que le pese a la multinacional. Quieren impedir que las y los trabajadores podamos expresar públicamente nuestra opinión y recabar la solidaridad del resto de la clase trabajadora, ¡pero tenemos derecho a informar a quien consideremos! Por ahora no vivimos en una dictadura patronal.

Este despido demuestra como entiende esta multinacional la relación con las y los trabajadores. Quieren sembrar el miedo de cara a tener vía libre para los futuros ajustes que preparan. Como muchas grandes empresas, están aprovechando la situación de pandemia y las facilidades dadas por el Gobierno para aplicar ERTEs, para realizar ajustes estructurales que implicarán una nueva reconversión laboral en perjuicio de la clase trabajadora.
IMA Ibérica-Prestima actúa como una subcontrata de otras grandes empresas. Es esta subcontratación la que esta detrás de la precariedad crónica que padecemos millones de trabajadoras y trabajadores. Por eso mismo, las y los delegados sindicales se dirigieron legítimamente a estas empresas y a sus trabajadores y clientes. Despedir a sindicalistas por dañar la imagen de la empresa, supone acabar con nuestros derechos sindicales y democráticos y que las empresas tengan carta blanca contra cualquiera que alce la voz contra sus abusos. Nos encontramos ante un ataque contra el conjunto del movimiento sindical. El derecho a sindicarnos, a la huelga o a la libertad de expresión se conquistaron fruto de décadas de lucha. No permitiremos ahora que nos sean arrebatados.


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