¡Paralización de la actividad productiva no esencial y un plan de rescate de la sanidad pública ya!
Si las cifras de la pandemia en el mundo son catastróficas, en el caso del Estado español solo pueden calificarse de aterradoras. Con más de 50 millones de afectados por la Covid 19 y más de 1,2 millones de muertos a escala mundial, nuestro país tiene el lamentable honor de contar con la tasa de mortalidad más letal: más de 60.000 fallecidos desde el confinamiento decretado en marzo, superando ya el millón de contagiados y unas cifras de transmisión que crecen a un ritmo del 2% diario.
Ninguna otra nación de las consideradas desarrolladas se encuentra en una situación semejante, ni siquiera EEUU con una población que supera los 328 millones de habitantes y carece de un sistema de sanidad pública tiene un balance tan alarmante.
La situación de colapso de las UCI y desbordamiento de los hospitales es la mejor prueba del completo fracaso de las medidas de desconfinamiento aprobadas en el mes de mayo. Los planes de refuerzo de la atención primaria para establecer una barrera defensiva también han demostrado su completa inoperancia, y esto ha sido así por la negativa del Gobierno PSOE-UP y de las CCAA de dotar al sistema sanitario público de los miles de millones de euros que son necesarios para blindarlo.
En todo caso ha puesto de manifiesto sus constantes concesiones a la derecha y su incapacidad para doblegar a reaccionarias como Díaz Ayuso, poniendo coto al entramado patronal que está detrás de ella y que impone la continuidad de la actividad productiva a cualquier precio.
El Gobierno ha renunciado a tomar medidas de fondo y se ha sumado a la criminalización de la juventud exigiendo “más disciplina social”. Un flujo constante de noticias nos hablan de botellones, fiestas ilegales, gente irresponsable y jóvenes alocados, tratando de armar un ruido ensordecedor que tape los verdaderos motivos del avance de la covid-19.
Una campaña desvergonzada, que no solo entra en contradicción con la actitud de los responsables públicos que nos alientan a cada momento a consumir en bares y restaurantes donde es imposible mantener garantías de distancia social, sino que ha puesto a prueba también su comportamiento personal. Las imágenes de los dirigentes del PSOE, PP y Cs participando en un botellón de alto standing para celebrar el aniversario del diario El Español es el mejor símbolo de su doble moral y de su despreciable clasismo.
A cada momento oportuno, el ministro Illa y el presidente Sánchez nos hablan de que “todos debemos remar en la misma dirección”. “Es la guerra” nos dicen. Sí, y como en toda guerra los trabajadores ponemos las víctimas y los heridos, mientras los capitalistas llenan sus bolsillos. Los 23 plutócratas más ricos han incrementado sus fortunas un 16% desde marzo. Amancio Ortega, Juan Roig o Florentino Pérez son algunos de los que lideran este lucrativo ranking, y también son los que con más intensidad aplauden las llamadas a la unidad nacional del Gobierno.
Es esta lista de grandes capitalistas la que ha impuesto su agenda al Gobierno de coalición para afrontar la pandemia. Esa es la única explicación que resiste la prueba de la práctica. A pesar de los gestos y los ríos de propaganda que salen desde La Moncloa y los gabinetes de prensa de los diferentes ministerios, el Ejecutivo sigue negándose a tomar las únicas medidas efectivas que podrían doblegar la curva de contagios y muertes: paralizar toda la actividad productiva no esencial, nacionalizar la sanidad privada y los sectores estratégicos de la economía, empezando por la banca, y hacer un plan de inversión masivo en la sanidad pública contratando el personal sanitario y estableciendo los medios materiales necesarios para atender a todos los enfermos y prevenir los casos más graves.
Un desastre que el Gobierno de coalición podría haber evitado
Ya llevamos más de 60.000 muertes desde marzo y lo cierto es que la única razón para no atajar el problema de raíz es que la ofensiva de los capitalistas no encuentra resistencias serias en el Ejecutivo de Sánchez. Al contrario, son muy compresivos con estos hombres y mujeres asiduos de la lista Forbes, pero en cambio cierran los oídos a las opiniones y recomendaciones de los sanitarios y científicos que cotidianamente alertan de que no se pueden seguir haciendo las cosas de este modo.
Quienes se encuentran en primera fila en los hospitales son muy claros. Ricard Ferrer, presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, explicaba desde el hospital Vall d’Hebron de Barcelona al diario El País: “Va a haber una competencia durísima por una cama UCI”. Hoy la ocupación estatal de las UCI por Covid es del 25%, pero seis comunidades autónomas superan ya el 35%. El propio Fernando Simón reconocía que a finales de noviembre la situación de las UCI va a ser “muy complicada”.
Cabe preguntarse por qué estamos, otra vez, en esta situación. Las advertencias de epidemiólogos y expertos o de los propios sanitarios no han sido escuchadas. En cambio, sí lo fue el ruido atronador de la CEOE, de los grandes capitalistas, que presionaron para acelerar la desescalada y salvar su temporada de verano abriendo las puertas al turismo. Como también fueron escuchadas sus exigencias de dinero público, beneficiándose de los ERTE a la carta sin poner ni un euro de sus ganancias, y de los 100.000 millones de euros que la banca y el Ibex 35 recibieron al principio de la pandemia. Mientras tanto, lo más obvio: inversión en la sanidad pública, refuerzo de la atención primaria, contratación de médicos, enfermeros, rastreadores, de equipos de limpieza, nacionalización de la sanidad privada, de las residencias de mayores,… todo esto ha sido ignorado por parte del Ejecutivo.
Hoy vivimos las consecuencias trágicas de todo esto y la situación solo va a ir a peor. Volvemos a ser las familias trabajadoras, en nuestros barrios empobrecidos, con hacinamiento en la vivienda, con centros de salud que no dan abasto, con medios de transporte públicos atestados cada mañana, con colegios e institutos desbordados… las que pagamos una vez más la factura de esta situación que se podía haber evitado y que —aún hoy— podría evitarse que fuera a más.
Para ver las enormes contradicciones de los planes del Gobierno merece la pena recordar cuál fue la primera de las medidas aprobadas en marzo para frenar el avance de los contagios: el cierre de los centros de estudio. Se nos explicó entonces que los niños, aunque no sufrieran síntomas, eran portadores y multiplicaban exponencialmente las posibilidades de contagio. Se les prohibió salir a la calle durante meses por ese motivo.
Hoy, cuando la expansión del virus está fuera de control, los colegios e institutos siguen abiertos —convertidos en focos de contagio— y las resistencias a tomar medidas para suspender la actividad lectiva son evidentes. Solo Catalunya lo ha decidido —sin ningún plan de inversión para garantizar una educación on line de calidad para todos los estudiantes—, y únicamente para FP y Bachillerato. Urkullu ya ha advertido que probablemente seguirá el mismo camino. ¿Por qué? Porque los mayores de 16 años pueden quedarse solos en casa y sus padres ir a trabajar sin problema. De nuevo, chocamos con el mismo muro: los beneficios de unos pocos son intocables, sus empresas deben funcionar a pleno rendimiento. Todo lo demás es secundario.
El estado de alarma: los derechos democráticos restringidos duramente… pero hay que ir a trabajar en las condiciones que sea
En este tiempo no se han tomado decisiones ni valientes ni coherentes, y el Ejecutivo se ha limitado a dejar todo en manos de las CCAA (muchas de ellas gobernadas por el PP o la derecha nacionalista). Así han permitido que reaccionarias como Isabel Díaz Ayuso pueda continuar desafiante con sus políticas criminales en la Comunidad de Madrid. Y cuando nuevamente nos dirigimos al abismo, el Ejecutivo aprueba un estado de alarma hasta el mes de mayo de 2021 con el peligroso añadido de restringir aún más los derechos democráticos.
La nueva legislación prohíbe las reuniones de más de seis personas, impone el toque de queda, limita arbitrariamente el derecho de manifestación, da nuevos bríos a la ley Mordaza… pero garantiza que la actividad económica continúe sin obstáculo. Cualquier sacrificio está justificado salvo en lo tocante a la actividad productiva. Ahí no, en este caso se impone la norma sagrada de la economía de mercado: los beneficios están por encima de cualquier consideración.
Desde el Gobierno se nos dice que el nuevo estado de alarma es algo “excepcional” y se suspenderá tan pronto como las “circunstancias lo permitan”. Pero en realidad mandan un mensaje que anticipa lo que puede pasar en el futuro: la idea de que lo excepcional se convierta en habitual. Ya trataron de normalizar la presencia policial y del ejército en nuestras calles durante el confinamiento. No es casualidad que ahora se dé esta vuelta de tuerca en un intento de disciplinar a la población tras las explosivas protestas en los barrios obreros contra el confinamiento clasista de Ayuso, y ante la perspectiva de que el malestar social creciente pueda desbordar los límites de la “paz social”. La burguesía es consciente del material explosivo que se está acumulando y se preparan para enfrentarlo con represión y medidas autoritarias.
¡Necesitamos políticas de izquierdas de verdad!
Al hartazgo generalizado, al miedo más que justificado al contagio o a la posibilidad de perder el empleo ante una perspectiva económica que se percibe muy sombría, se suma una gran confusión alentada por el discurso del Gobierno y los argumentos de la patronal. Se nos repite una y otra vez que la economía no se puede parar, que sería una catástrofe, que todos lo pagaríamos. Pero ¿qué hay de verdad en ello? ¿Es cierto que no hay alternativa mejor a lo que estamos viviendo?
Cuando se afirma que parar la actividad económica implicaría pérdidas millonarias para las empresas y por tanto miles de despidos, cabe preguntarse ¿Por qué tenemos que asumir, como si esto fuera un mandamiento bíblico, que los grandes capitalistas no pueden poner ni un euro de todo lo amasado estos años gracias a nuestro duro trabajo?
El Gobierno sabe perfectamente que en 2018 los beneficios empresariales registraron un record histórico: 500.000 millones de euros. Sabe que en 2019 superaron los 450.000 millones. Sabe también que la evasión de impuestos anualmente asciende a más de 40.000 millones. ¿Por qué no poner a disposición de la sociedad esos recursos millonarios que no han salido del esfuerzo personal de Amancio Ortega, Florentino Pérez o Ana Patricia Botín, sino de la explotación salvaje de la clase obrera?
¡No, no se puede, ir por esa vía es muy peligrosa! dicen desde la izquierda parlamentaria. ¡Eso es socialismo y nos colocaría frente a los poderes fácticos! ¡Hay que ser realistas y dejarse de fantasías! Entonces ¿Para qué existe un Gobierno integrado por las dos fuerzas electorales mayoritarias de la izquierda, que cuenta en su seno con ministros que se declaran comunistas y republicanos?
Basta ya de jugar al gato y al ratón. Si el Gobierno quiere dar una salida a la crisis en beneficio de la mayoría de la población, tiene que confrontar con los grandes capitalistas, no arrullarlos y considerarlos aliados necesarios. Un Gobierno que merezca el nombre del “más progresista de la historia” decretaría la paralización de la actividad productiva no esencial, pero no con un ERTE que se facture al erario público, sino manteniendo el 100% de los salarios (que saldrían de los beneficios patronales) y prohibiendo los despidos ¡Eso sería un escudo social de verdad!
¿Y si los empresarios amenazan con cierres que nos dejan en la calle? Muy bien, pues si esa es su reacción hostil, el Gobierno debería nacionalizar esas empresas sin indemnización y ponerlas bajo control de los trabajadores (que saben perfectamente hacerlas funcionar porque lo hacen cada día) impulsando así la producción en función de las necesidades sociales que están sin cubrir, y que por cierto son muchas.
¿No cambiarían drásticamente las cosas si se dedicaran los 100.000 millones que se han regalado al IBEX 35 y a la CEOE a la sanidad y a la educación pública, o a defender a los parados? ¿Por qué no aprobar un subsidio para todos los desempleados de 1.200 euros al mes y cuyos fondos salgan de los impuestos que los ricos evaden con impunidad?
¿Por qué en una situación en la que faltan tantos medios no se nacionaliza la sanidad privada y se deja de inyectar recursos públicos a los que hacen negocio con nuestra salud? ¿Es que no es suficiente la muerte de miles de nuestros mayores en las residencias privatizadas? ¿No contaría el Gobierno de coalición con un apoyo abrumador a estas medidas? ¿Por qué no lo hace?
Nos encontramos en la fase de mayor desarrollo científico y tecnológico de la historia de la humanidad, pero no está a disposición del bien general sino del lucro privado. Las fortunas de la oligarquía financiera y empresarial se ha multiplicado en esta pandemia, pero encima están arramplando con los recursos públicos para agrandar sus beneficios. Romper con esa lógica, y colocar los medios de producción, las grandes empresas estratégicas y la banca bajo el control de los trabajadores mediante su nacionalización, es lo único que puede evitar que la catástrofe continúe.
Este Gobierno se enfrentará dentro de poco a una encrucijada. Cuando la crisis económica se haga aún más virulenta, y el argumento de que con la “derecha sería peor” no pueda ocultar por más tiempo una situación insostenible, cientos de miles de trabajadores y jóvenes no van a quedarse cruzados de brazos.
La dimensión de la movilización social en estos momentos tiene un carácter limitado. Hay muchos factores que obran para que sea así, pero este estado de cosas no se podrá prolongar por mucho tiempo. El capitalismo español y mundial se enfrentará a una furia colosal que se alimenta de la desigualdad y el empobrecimiento, del paro, la precariedad y la represión. Al combate revolucionario de millones de jóvenes excluidos sin ninguna opción de futuro. La idea de que la paz social se puede mantener indefinidamente gracias a unas políticas que se cuadran ante las exigencias de los de arriba y tan solo ofrecen migajas a los de abajo, saltará por los aires.
Si este Gobierno continúa empecinado en este camino, los acontecimientos le darán un baño de realidad. Y no serán algaradas minoritarias en algunas ciudades nutridas de una mezcla de elementos fascistas y jóvenes desclasados quemando contenedores. No, serán los millones de trabajadores y jóvenes que han votado precisamente a las formaciones que integran este Gobierno, los que se alzarán nuevamente exigiendo pan, trabajo, techo y dignidad.
La experiencia de estos años no ha pasado en balde y se expresará inevitablemente, demostrando que todos y todas los que hemos luchado sin descanso hasta echar a la derecha del Gobierno tenemos la fuerza para hacer realidad nuestras aspiraciones. Que estas no se logran en despachos, con discursos parlamentarios, propaganda hueca y demagogia, sino con la movilización más enérgica y levantando un programa que cuestione la sinrazón del capitalismo.
Necesitamos una alternativa revolucionaria basada en toda esa fuerza para llevar a cabo verdaderas políticas de izquierdas. Esa alternativa es lo único que puede librarnos de la catástrofe. Únete a Izquierda Revolucionaria para luchar por ella.
