La patronal transforma los ERTE en despidos tras recibir ayudas millonarias
Publicamos a continuación el artículo firmado por Oriol Sabata, publicado en insurgente.org el pasado 28 de febrero. Pincha aquí para acceder a la publicación original.
“Las empresas no podrán despedir a los trabajadores durante la crisis del coronavirus” [1]. Ese fue el contundente mensaje que lanzó el Gobierno de España el 27 de marzo de 2020 tras aprobar durante el Consejo de Ministros un paquete de medidas que catalogó como “escudo social”. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguraba en rueda de prensa que “nadie puede aprovecharse de esta crisis sanitaria, no puede usarse el covid19 como excusa para despedir” [2].
El Gobierno informa que en todo el año 2020 se gastó 17.840 millones de euros en financiar las prestaciones de los Expendientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y otros 6.349 millones en las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social para estos trabajadores. En total, más de 24.000 millones de euros de dinero público [3].
Avalancha de despidos
Casi 11 meses después, las cifras desmienten el mensaje del Gobierno. La ola de despidos por parte de empresas que se habían acogido a los ERTE va en aumento. Tras recibir ayudas directas por parte del Estado, ahorrarse el pago de salarios y contar con exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, ahora están anunciando recortes de plantilla.
Es el caso de Viajes Carrefour, con 200 despidos, Douglas (600 despidos), Universidad Europea (275 despidos), Eurest (1.300 despidos), Pascual (130 despidos), Holcim (59 despidos), Galicía Textil (13 despidos), Benteler (70 despidos), MTorres (164 despidos), Benecke Kaliko (6 despidos), Beer&Food (125 despidos), Paco Martínez (35 despidos), Tubacex (150 despidos), ITP Aero Casting (83 despidos) o Imasa (58 despidos).
Todas y cada una de estas empresas recurrieron al Estado cuando estalló la pandemia para que los salarios de sus trabajadores fueran abonados con dinero público. Hoy estas compañías acumulan más de 3.200 despidos y cada día aparecen nuevos casos. Cabe añadir, además, que durante todos estos meses los trabajadores en ERTE se vieron afectados por una disminución de su poder adquisitivo ya que pasaron a cobrar el 70% de la base reguladora. ¿Esto es lo que merece la clase trabajadora de este país?
Sin recursos para fiscalizar
El “escudo social” lanzado por el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos carece de criterio alguno y no discrimina entre grandes empresas (algunas de ellas con beneficios) y la pequeña y mediana empresa. Un sistema de ayudas sin control y fiscalización alguna que abona el terreno para la “picaresca” y el fraude de la patronal: empleados en ERTE trabajando a jornada completa. Un atraco a mano armada. En el mes de julio de 2020, los sindicatos de inspectores advirtieron que estaban desbordados y que resultaba imposible con los recursos actuales controlar la avalancha de expedientes de empresas a fiscalizar. Durante el comienzo de la pandemia se superaron el millón de expedientes [4].
Escudo social para la patronal
El sistema de ayudas ideado por el Gobierno ha ido encaminado desde el primer momento a sostener a la patronal. Buena prueba de ello, es la satisfacción de la CEOE ante estas medidas y su entusiasmo en ampliarlas todo el tiempo que “sean necesarias”. En un ejercicio de cinismo, la organización empresarial advertía que la prórroga de los ERTE era una cuestión primordial para “mantener el empleo”. Sin embargo, su presidente, Antonio Garamendi, aseguraba en enero que “nos guste o no va a tener que haber ajustes de plantilla” [5].
Miles de millones de dinero público a empresas privadas para pagar salarios de trabajadores. Un chollo. Y al otro lado, los sindicatos mayoritarios conciliando y aprobando. Lo más patético de todo fue ver a Pepe Álvarez, secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), pidiendo a los empresarios que hicieran el favor de “no hacer trampas” con los ERTE. Literal. Un sindicalista apelando a la responsabilidad y a la ética del patrón. Ver para creer [6].
Nos decían que era un “acuerdo histórico”, que “nadie se iba a quedar atrás” y que no se iba a poder despedir a trabajadores. Ha bastado menos de un año para que este relato se viniera abajo. La clase trabajadora tiene un oscuro horizonte. La socialdemocracia al mando y su reformismo vuelven a anteponer los intereses del capital sobre el trabajo. Y lo hacen, como siempre, tratando de embaucar a la mayoría trabajadora con su discurso social.
Vienen tiempos duros en los que crecerá el descontento y se agudizará la protesta. La tarea será cómo canalizarla y dirigirla, como forjar una alternativa. Ese será, sin duda, el reto mayúsculo que tendrá por delante la izquierda transformadora durante estos tiempos venideros.
Notas:
[2] https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/03/27/economia/1585300146_319220.html
