Comunicado de CGT-Enseñanza-Diversidad funcional, sobre la dotación de 300 millones de euros al “Tercer Sector” anunciada por el vicepresidente Pablo Iglesias Turrión.
¡Recuperemos los servicios sociales públicos!

El anterior 19 de Marzo de 2020, el vicepresidente Pablo Iglesias Turrión anunció una medida que consistía en dotar al Tercer Sector (residencias de mayores, apoyo a domicilio, residencias de personas con diversidad funcional, etc) de un refuerzo económico de 300 millones de euros para "evitar consecuencias para lxs trabajadorxs". De lo que el vicepresidente del Gobierno no habló es de cómo se va a distribuir esta dotación en un sector donde el 80% de la gestión está en manos privadas.

Mientras la dotación se hace pública, en las fundaciones de diversidad funcional se sigue hablando de ERTEs y otras medidas en perjuicio de lxs profesionalxs.

Exigimos al Gobierno que esta dotación se haga de manera transparente y que se obligue a las comunidades autónomas a justificar a qué y para qué se destina ésta. Es inaceptable que se deje a la aleatoriedad de empresas privadas la gestión de un capital de ayuda que es de total necesidad para lxs profesionalxs y usuarixs del sector. Deben aplicarse ya en nuestro sector las medidas que se han adoptado respecto a la sanidad privada, como un primer paso.
Así mismo, entendemos que la donación de esta cantidad, para que empresas privadas la distribuyan a su antojo, no es la mejor manera de proceder en una situación de absoluta crisis humana y laboral en los centros de personas con diversidad funcional. No olvidemos que este colectivo entra en el denominado "grupo de riesgo" de lxs afectadxs por el COVID-19.

Por lo tanto, creemos que es absolutamente necesario la nacionalización por parte del Gobierno central de los servicios y los recursos para el tercer sector. Solo así, atendiendo exclusivamente a las necesidades sociales, y no al beneficio empresarial privado, podremos garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios.

El oscurantismo y la aleatoriedad de la gestión por parte de las empresas privadas es absolutamente inaceptable. Estamos cansadxs de ser el último eslabón de la cadena sanitaria, de exponer nuestra salud sin recursos y de no existir, cuando nuestra labor es capital y de extrema necesidad.

Por lo que instamos al Gobierno, y en concreto el vicepresidente Pablo Iglesias Turrión, a hacer un ejercicio de responsabilidad y tomar los mandos de la gestión del tercer sector, y no actuar con un modelo más propio del caritativo, en el que dona una cantidad de dinero público y se lava las manos en absolutamente todo lo demás.

Esto podría llevarnos a una situación inaceptable, y es que esos 300 millones terminan sumándose a los beneficios empresariales, y no a la contratación de más personal, compra de material de protección, o cualquier otra necesidad para hacer frente a esta epidemia. Esta crisis ya lo está demostrando. El sector privado ha fracasado de cara a enfrentar este crisis, con su cara más dramática en las residencia de la tercera edad.

Esto más que una recomendación es un grito de auxilio de lxs profesionalxs que están sufriendo la más absoluta precariedad en cuanto a medios para desarrollar su profesión y una llamada a la responsabilidad.

El tercer sector, como siempre, es el gran olvidado, y ésta vez, instamos al Gobierno y autoridades competentes a que no vuelvan a caer en el error de dejarnos a nuestra suerte, porque aún están a tiempo.

 


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