El miércoles 14 de abril el Senado, a propuesta del PSOE y con el apoyo de toda la izquierda parlamentaria, votó a favor de la derogación del antidemocrático y represivo artículo 135.3 del Código Penal.

Después de muchos años siendo utilizada de forma sistemática por todos los Gobiernos, en especial por los del PP, para perseguir a sindicalistas, esta disposición legal, tras muchas protestas sindicales, ha desaparecido definitivamente del ordenamiento jurídico.

En los últimos años, casi 300 sindicalistas de prácticamente todas las organizaciones sindicales han sido procesados, con peticiones de pena de hasta 8 años de cárcel, al amparo de este artículo, con la única prueba en su contra de un atestado policial. A pesar de las innumerables ocasiones en las que se ha demostrado fehacientemente que los atestados policiales falsean abiertamente los hechos, los jueces siguen otorgándoles ciegamente “presunción de veracidad”. De este modo, el artículo ahora derogado se había convertido en un arma represiva arbitraria que la policía, a instancias de la patronal, podía usar contra los trabajadores cuando le viniese en gana.

El bloque reaccionario (PP, Vox y C’s) vota a favor de mantener la legislación represiva franquista

Como no podía ser de otro modo, los tres partidos que representan en las instituciones los intereses del empresariado y de la oligarquía financiera (PP, Vox y Ciudadanos) se han opuesto con uñas y dientes a la derogación de este artículo.

La derecha del Estado español tiene un largo historial de violación de los derechos de los trabajadores. Sin duda añoran los buenos tiempos de la dictadura franquista, en los que bastaba con que un empresario acusase de “rojo” o “subversivo” a cualquier trabajador que intentase reclamar sus derechos y los de sus compañeros para que, además de ser despedido fulminantemente, fuese detenido e interrogado por la policía, e incluso encarcelado.

Precisamente el artículo ahora derogado es una herencia directa del artículo 496 del Código Penal franquista de 1944, aprobado en vísperas de la criminal oleada represiva de 1946-47, que costó la vida a más de 20.000 trabajadoras y trabajadores, e incorporado al Código Penal del postfranquismo a través de la reforma legal de julio de 1976, en plena Transición.

Todos los partidos del bloque de la derecha no solo han votado contra la derogación de esta reliquia del franquismo, sino que en los últimos tiempos han votado contra cualquier medida legal que propusiese mejorar mínimamente las condiciones de trabajo e incluso han votado contra meras declaraciones de intenciones. Así, el pasado mes de febrero, PP y Vox se opusieron a una declaración del Parlamento Europeo donde, de forma genérica y sin consecuencia práctica alguna, se pedía que los salarios mínimos permitiesen una vida digna y que se abordase el problema del estrés laboral. ¡Incluso esa declaración vacía les parece demasiado a estos agentes del capital!

De los tres partidos del bloque reaccionario es Vox quién de forma más salvaje se opone a cualquier posibilidad de mejora de la situación de la clase trabajadora. Cuando en marzo del año pasado el Congreso aprobó por amplia mayoría la derogación del despido objetivo por baja médica, una norma legal que hasta ese momento permitía a los empresarios la atrocidad de despedir a los trabajadores que tuviesen la desgracia de caer enfermos, Vox fue el único partido que se opuso, dando una nueva muestra de que solo representa y defiende a los empresarios más parásitos y atrasados.

Es entre el sector de empresarios piratas de la construcción, esos que abandonan y dejan morir a sus trabajadores ilegales que sufren un accidente laboral, entre esos empresarios de la hostelería que ofrecen contratos de 20 horas semanales y obligan a trabajar 50, entre esos empresarios agrícolas que explotan a mano de obra inmigrante en condiciones de esclavitud, donde Vox tiene al núcleo más firme de sus votantes.

Los hechos demuestran que Vox es el principal enemigo de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y nada bueno podemos esperar de ellos. Igual que hicieron los partidos fascistas europeos de los años 20 y 30, Vox intenta explotar el malestar social ante la crisis y el descontento de la clase trabajadora ante el completo fracaso de las políticas de la izquierda reformista.

Desgraciadamente para ellos, la memoria de la clase trabajadora tiene bien presente que ninguno de los derechos sociales conquistados bajo el franquismo fue una concesión graciosa del dictador, sino que fue ganado a través de la lucha, pagando el durísimo precio en vidas, torturas y años de cárcel que imponía la política represiva del franquismo, esa misma política que Vox quiere resucitar.

La burguesía quiere acabar con el derecho de huelga para impedir la resistencia a sus recortes

Desde los primeros tiempos del capitalismo, e incluso en modos de producción anteriores, la huelga ha sido la principal arma para la defensa de nuestros derechos. Cuando las legítimas peticiones y reivindicaciones de los asalariados y asalariadas no eran escuchadas, la huelga se demostraba cómo el único recurso que obligaba a los empresarios a ceder.

Sin duda alguna, gracias a la movilización y la huelga la clase obrera consiguió dejar atrás, al menos en el mundo capitalista más desarrollado, las condiciones inhumanas que marcaron la vida de los trabajadores y trabajadoras en las primeras décadas de la Revolución Industrial.

Pero la huelga es mucho más que un arma para la lucha económica de la clase obrera, y por eso la burguesía ve el derecho a huelga como algo que hay que erradicar. Y cuando la fortaleza del movimiento obrero impide la supresión total del derecho de huelga, la burguesía y sus representantes políticos intentan limitarlo al máximo.

De hecho el ataque más importante que el derecho a huelga está sufriendo en los últimos años, con la imprescindible colaboración de los jueces y la complicidad de los distintos Gobiernos, es la imposición de servicios mínimos abusivos que impiden que en numerosos conflictos, los trabajadores puedan ejercer en la práctica este derecho.

La huelga, más allá de sus reivindicaciones concretas, permite a la clase trabajadora tomar conciencia de su enorme fuerza colectiva; en una huelga la clase trabajadora comprueba que sin su esfuerzo todo se paraliza, que los capitalistas no son nada sin la explotación del trabajo asalariado. La huelga es el primer paso hacia la organización como clase, hacia la constitución de un movimiento que aspire a mucho más que a la simple mejora de las condiciones materiales, que luche organizadamente por un programa de transformación socialista de la economía y la sociedad.

Por eso no es casualidad que la utilización sistemática del artículo ahora derogado se generalizase tras la crisis de 2008, cuando el choque entre los derechos de la clase trabajadora y los intereses de los empresarios se manifestó con toda su crudeza. Los capitalistas necesitaban que la Reforma Laboral del PP se impusiera a toda costa.

El artículo 135.3 les facilitó la base legal necesaria para criminalizar la huelga e intentar amedrentar al movimiento sindical. Juicios como el de los “cinco de Arcelor” o los “ocho de Airbus” fueron un intento del aparato del Estado de hacer aparecer la huelga como un delito, y solo la presión del movimiento obrero impidió que la farsa policial y judicial desembocase en una condena de cárcel. En otros casos, como el de Tamara y Ana, o el de Serafín y Carlos, ambos en Galicia, la presión sindical no impidió duras condenas de cárcel, a pesar de la ausencia total de pruebas que sustentasen las acusaciones, aunque si consiguió impedir la entrada en prisión.

Hoy tenemos que celebrar como un éxito del movimiento obrero la derogación del artículo 135.3, y recordar siempre que los tres partidos del bloque reaccionario (PP, Vox y C’s) quieren tratar como un crimen el legítimo derecho de trabajadores y trabajadoras a luchar por la mejora de nuestras condiciones de trabajo. ¡No lo vamos a permitir! ¡A la ultraderecha se la vence luchando!

 


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