El pasado martes 11 de mayo, Gobierno, patronal y los sindicatos CCOO y UGT aprobaron la última propuesta del Ministerio de Trabajo sobre la regulación de la situación laboral de los falsos autónomos, más conocidos como 'riders'.

Esta nueva ley consta de dos artículos. Uno de ellos establece la presunción de laboralidad (de ser considerados asalariados y no trabajadores autónomos) de los repartidores que trabajan para plataformas digitales y el otro la obligación de dar información a los comités de empresa sobre los algoritmos y sistemas de inteligencia artificial que afecten a las condiciones laborales, la contratación o el mantenimiento del empleo.

Presentada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como una reforma que sitúa al Estado español a la vanguardia mundial en materia laboral, la realidad es que el Gobierno de coalición ha cedido una vez más en puntos clave ante los intereses de la patronal renunciando de hecho a llevar a cabo un proceso de regularización masiva de todo el sector.

Partiendo de que es mejor ser un trabajador asalariado que un falso autónomo, la presunción no es obligación. Deja la puerta abierta a que las plataformas sigan considerando a los trabajadores como autónomos y que estos sigan teniendo que acudir a los tribunales para que sus derechos laborales sean reconocidos.

Por otro lado la regulación establecida es específica para los 'riders' y no protege en absoluto al resto de los trabajadores que están en la misma situación o son susceptibles de estarlo.

El resto de colectivos uberizados van a seguir siendo controlados por un “algoritmo” similar y se deja la puerta abierta a la uberización de muchos otros colectivos que van a perder derechos: limpieza, asistencia a domicilio, conductores, etc...

En cuanto a la información a los representantes de los trabajadores, dejando al margen la segura creación de sindicatos amarillos por parte de estas plataformas; la propia ambigüedad del redactado hace muy difícil garantizar que la información proporcionada sea real ya que los representantes de los trabajadores no van a tener acceso real a la codificación operativa como así denuncian representantes de los 'riders'.

Lo que la nueva ley oculta

La ley no prohíbe la subcontratación. Amparados por la reforma laboral que el Gobierno de coalición mantiene en vigor, los empresarios pueden perfectamente empezar a subcontratar o a crear falsas cooperativas de trabajadores. Esta es la situación con la que ya están teniendo que enfrentarse colectivos como las 'Kellys'.

No aborda el problema de los trabajadores migrantes que han trabajado y siguen trabajando sin papeles. El Gobierno tendría que haber regularizado la situación laboral de los trabajadores que han sido explotados por estas empresas bajo la forma de uso de cuentas 'alquiladas'. Este sistema de “alquiler de cuentas”, que consiste en que el titular de una o varias cuentas de empresas de reparto las cede a otras personas, generalmente inmigrantes sin papeles, a cambio de una comisión que puede llegar hasta el 40% del importe del servicio, es rotundamente ilegal y fraudulento.

Su extensión ha sido posible porque las empresas del sector la han permitido. La razón es clara, a medio plazo, este mecanismo les permite abaratar la tarifa que pagan a sus repartidores e incrementar aún más sus ya abultados beneficios.

Con la nueva ley el Gobierno deja sin sanción esta abierta ilegalidad empresarial, reforzando así entre los empresarios la seguridad de que gozan de total impunidad para el incumplimiento sistemático de la legislación laboral.

No existe ningún tipo de obligación por parte de estas plataformas de convertir en empleados a todos los falsos autónomos que explotan. El acuerdo entre patronal y sindicatos que se cerró hace más de dos meses proporcionaba 3 meses para la aplicación de la ley desde su publicación en el BOE.

Además de esos 3 meses de margen, representantes de los 'riders' denuncian un pacto no escrito entre patronal y Ministerio de Trabajo para conceder más tiempo a las empresas, otorgando casi 5 meses más de tiempo para que sigan vulnerando los derechos laborales.

El plazo proporcionado a las empresas acabará justo a mediados de agosto, con muchos abogados de vacaciones y dificultará la respuesta de los trabajadores ante los despidos que muy probablemente se producirán.
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Las condiciones laborales impuestas por estas empresas han provocado miles de accidentes entre los trabajadores, algunos de ellos mortales. Estas plataformas han defraudado millones de euros, especialmente durante la pandemia. Lo firmado supone una especie de “ley de punto final” por lo que de todo esto saldrán impunes sin ningún tipo de sanción o multa.

Las mejoras de esta nueva ley para los trabajadores son limitadas, pero ello no evita que los empresarios del sector ya se estén preparando para revertirlas en su beneficio y así seguir sobreexplotando a los trabajadores.

Glovo ha abandonado la CEOE y está creando su propia asociación de empresas de reparto, el objetivo será crear una patronal del sector. Este nuevo lobby con toda seguridad creará un convenio sectorial en breve valiéndose de sindicatos amarillos, como ya ocurrió en el convenio de las grandes superficies y almacenes o con las empresas multiservicio.

La lucha es el único camino

Esta limitada “laboralización” de los 'riders' no se ha conseguido por la habilidad negociadora del Ministerio de Trabajo que a lo largo de la negociación ha ido cediendo punto tras punto a los intereses de la patronal, como en aspectos tan importantes como la renuncia a la inclusión de todos los sectores ya uberizados y a la protección de los que son potenciales víctimas de ser uberizados.

El pequeño paso adelante que supone esta ley lo han arrancado los propios 'riders' autoorganizándose y llevando a cabo una lucha ejemplar que debe ser una inspiración para el resto de trabajadores.

Los trabajadores del sector están en lo cierto al insistir en que aquí no se acaba nada, sino que este es un paso más en la lucha por conquistar derechos laborales básicos para los trabajadores de este y otros sectores que estos voraces empresarios se resisten a reconocer.

 


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