Basta ya de propaganda para embellecer lo que es un nuevo golpe a la clase trabajadora

Aunque una vez más la operación de maquillaje y ocultación haya adquirido proporciones enormes, el acuerdo firmado por el Gobierno, la CEOE, CCOO y UGT el pasado 28 de junio es otro paso más en una dirección que consolidará y profundizará los recortes de las pensiones aprobados por el Gobierno PSOE en 2011 y por el Gobierno PP dos años después.

En esta operación de calado, que cuenta con la bendición de la UE, Pedro Sánchez se está moviendo con mucha cautela. La razón es obvia: sabe que volver a recortar las pensiones de manera abierta es muy impopular y podría costarle una sangría de votos. Y también es plenamente consciente de la fuerza del movimiento de los pensionistas, como se comprobó en las grandes movilizaciones de 2019, y que tiene como uno de sus principales objetivos la derogación de las contrarreformas de 2011 y 2013.

Es evidente que este gran movimiento de protesta se ralentizó como consecuencia de la pandemia y de las medidas de confinamiento, pero a medida que la situación sanitaria se normaliza podría resurgir con fuerzas renovadas si el Gobierno, incumpliendo los programas electorales del PSOE y UP, lanzase una contrarreforma radical del sistema público de pensiones.

Por eso Pedro Sánchez, con el acuerdo de la burocracia sindical y de los ministros y ministras de UP, ha intentado evitar un choque frontal disfrazando este nuevo recorte de las pensiones como un logro del “acuerdo social”. Un juego fraudulento al que nos tiene muy acostumbrados.

El recorte de las pensiones es la contrapartida pactada con la UE a cambio de los fondos europeos

El pasado mes de enero, en un artículo publicado en estas mismas páginas, explicábamos como las decenas de miles de millones de euros de los fondos europeos que el Gobierno espera con indisimulada ansia tienen importantes contrapartidas: “Esa ayuda multimillonaria vamos a pagarla entre toda la clase trabajadora. Saldrá, como no, de rebajar aún más nuestros raquíticos sueldos, de seguir recortando servicios sociales, y, sobre todo, como varias veces ha anunciado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de la aplicación de una nueva “reforma” de las pensiones que, según cálculos del propio INSS, recortaría las futuras pensiones entre un 5,5% y un 12%”.

Lo único que ha cambiado en los casi 5 meses que han transcurrido desde que publicamos esta valoración es que los 144.000 millones de euros a los que ascenderán finalmente las ayudas y préstamos de la Unión Europea – que en su inmensa mayoría irán a parar al bolsillo de la banca y las grandes empresas – son el clavo ardiendo al que se aferra Pedro Sánchez para evitar el persistente deterioro de sus expectativas electorales. Por eso, llegar cuanto antes a un acuerdo se ha convertido en un objetivo vital.

Una vez que se deja de lado la fanfarria y las declaraciones grandilocuentes, el único punto del pacto que es claro e inequívoco es el durísimo castigo a la jubilación anticipada. El descuento por adelantar la jubilación ordinaria los dos años que hoy permite la Ley pasa de un 16% a un 21%. En el caso de trabajadores despedidos, a los que la Ley les permite adelantar su jubilación hasta cuatro años, y que es la situación en que se encuentran miles de trabajadores y trabajadoras de más edad cuando la empresa les da una patada para sustituirlos por jóvenes precarizados, el descuento llega hasta el 30%.

Pero lo más grave no es esta fuerte subida del porcentaje de descuento. Lo peor es que mientras que actualmente el descuento se aplicaba sobre la base reguladora, a partir de ahora se aplicará sobre la pensión final, que siempre es más baja -y a veces mucho más baja- que la base reguladora.

El Gobierno, y la patronal por supuesto, consiguen así sus dos primeros objetivos: retrasar uno o dos años la jubilación de un buen número de trabajadores y trabajadoras, y rebajar de forma importante las pensiones de los que no puedan aplazarla. De esta manera gana tiempo para implementar las medidas que facilitarán sus verdaderos objetivos: recortar de forma permanente la cuantía de las pensiones, ampliar la edad de jubilación e impulsar gradualmente la privatización del sistema.

Por causa de este Acuerdo cientos de miles de trabajadores se encontrarán en los próximos años ante la disyuntiva que con sumo cinismo planteaba el ministro Escrivá y tendrán que “elegir entre un ajuste pequeño en su pensión o podrán trabajar algo más”. La jubilación generalizada a los 67 años está mucho más cerca gracias a este Acuerdo.

Con su apoyo a estas medidas, Unidas Podemos, CCOO y UGT abandonan la reivindicación histórica del movimiento obrero y de la izquierda de adelantar la edad jubilación hasta los 60 años, golpeando así no solo a los trabajadores y trabajadoras que están próximos a la jubilación sino también a la juventud que se desespera en la búsqueda de un puesto de trabajo en condiciones dignas. Con un paro juvenil en cifras récord, cercanas al 50% ¿qué sentido tiene retrasar la edad de jubilación aún más? Los únicos beneficiarios de esta medida serán los empresarios, que tendrán aún más facilidades para sustituir empleo estable por empleo precarizado.

Para intentar que este durísimo recorte pase desapercibido lo han envuelto en un plan para promover el aplazamiento voluntario de la jubilación, que incluye medidas como un regalo de hasta 12.000 euros a los trabajadores en edad de jubilarse que decidan seguir trabajando, y la eliminación de las cláusulas de jubilación forzosa recogidas en algunos convenios colectivos.

Pero el plan del Gobierno tiene un inconveniente. Seguir trabajando más allá de la edad de jubilación no es una decisión que el trabajador pueda tomar por su cuenta, con independencia de los planes del empresario. Precisamente cuando la banca y las grandes empresas, con el acuerdo de la burocracia sindical, están poniendo en marcha planes para despedir a decenas de miles de trabajadores, y especialmente de los trabajadores de mayor edad, esta medida del Gobierno choca frontalmente con los intereses patronales. En realidad es un señuelo para embaucar a la opinión pública.

Por eso, el acuerdo recoge una serie de excepciones a la aplicación de los descuentos por jubilación anticipada especialmente diseñadas para facilitar los despidos previstos. De esta manera, la banca y las grandes empresas podrán pagar menores indemnizaciones y cargar sobre las cuentas de la Seguridad Social parte del coste de sus ajustes de plantilla. En el mismo se establece también que los empresarios se beneficiarán de nuevos e importantes descuentos en sus cuotas de la Seguridad Social, para compensarles del posible coste que les supondría mantener en activo a trabajadores más allá de su edad ordinaria de jubilación.

¿De verdad se ha corregido la contrarreforma de las pensiones aprobada por el PP en 2013?

La propaganda gubernamental, con la ayuda de los medios de comunicación, ha resaltado que este acuerdo anula las dos grandes medidas incluidas por el PP en su contrarreforma de 2013, el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones.

El factor de sostenibilidad vinculaba la cuantía de la pensión inicial a la evolución de la esperanza de vida, de forma que aseguraba un descenso continuado del importe de las futuras pensiones. Es cierto que el acuerdo lo deroga, pero solo para sustituirlo por un factor de equidad intergeneracional, que se definirá en 2022 y que se aplicará a partir de 2027 y del que no sabemos nada.

Es decir, que en el mejor de los casos será un simple cambio de nombre, aunque es muy probable que en ese nuevo “factor” el Gobierno, en nombre de la solidaridad con la juventud precaria, nos intente colar un aumento del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión o incluso un nuevo retraso en la edad de jubilación ordinaria.

El índice de revalorización de las pensiones limita su revalorización anual a un 0,25% en situaciones de déficit (es decir, siempre). El nuevo acuerdo establece que esa revalorización se calculará según la variación interanual media del IPC. Al menos a corto plazo, eso es una buena noticia para los actuales pensionistas, pero antes de echar las campanas al vuelo hay que tener en cuenta que la estructura del IPC se parece muy poco a la del gasto de los pensionistas. Por ejemplo, la luz ha subido un 42% en lo que va de junio, y el IPC adelantado de junio es del 2,6% y ha bajado una décima respecto al de mayo. ¿Cómo es posible esto? Pues porque el coste de la electricidad tiene en la estructura del IPC una repercusión mínima, que no se corresponde en absoluto al peso real que tiene el recibo de la luz en los bolsillos de los pensionistas.

Unidas Podemos tiene que rectificar urgentemente

Unidas Podemos se ha apresurado a celebrar este acuerdo con CEOE y sindicatos y se ha atribuido el mérito de haber hecho cambiar de opinión al ministro Escrivá. Como ya es habitual en UP, destacan lo único mínimamente positivo del acuerdo -la vinculación de las pensiones al IPC-, pero le restan toda la importancia al brutal recorte de las jubilaciones anticipadas porque, según ellos, solo afectan en “un periodo breve y acotado en el tiempo", y anuncian que estarán atentos “para evitar cualquier tentación de recorte de las prestaciones futuras”.

Los dirigentes de UP pueden engañarse a su mismos y tratar de convencernos de que aquí no pasa nada, pero los compromisos del Gobierno con la Unión Europea son muy claros y van a cumplirse por mucha “presión” que ejerza UP, porque de ese cumplimiento depende la recepción de los 144.000 millones de euros imprescindibles para la recuperación de los beneficios empresariales y de la actividad económica al menos hasta las próximas elecciones.

El año próximo, cuando el Gobierno concrete la segunda fase de su reforma de las pensiones, aclare qué esconde el misterioso factor de equidad intergeneracional y muy probablemente abra las puertas a una privatización parcial del sistema de pensiones a través de un mecanismo notacional de aportaciones individuales, será muy tarde para que UP pueda actuar.

La impotencia de UP es completa ante el palmario incumplimiento de su acuerdo de gobierno con el PSOE, ante el acelerado incremento de la precariedad laboral o, a pesar de ocupar el Ministerio de Consumo, ante la brutal subida del precio de la luz. Los dirigentes de UP están blanqueando medidas lesivas para la clase obrera y la juventud en una huida hacia adelante que acabará en un desastre.

Las consecuencias negativas de la política de unidad nacional y colaboración de clases se están haciendo visibles en todos los terrenos. Una estrategia contradictoria con cualquier programa de transformación social. Por eso, todas y todos los activistas, colectivos y organizaciones de la izquierda combativa debemos levantar una respuesta seria y contundente ante esta nueva agresión. El movimiento pensionista lo ha dejado muy claro en sus manifestaciones: ¡Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden!

Desde Izquierda Revolucionaria proponemos responder a este nuevo ataque a la clase trabajadora con una movilización que defienda este programa:

- Reducción de la edad de jubilación a los 60 años.

- Equiparación de la pensión mínima al SMI, que deberá establecerse en 1.200 euros para
   permitir a las personas trabajadoras y jubiladas vivir en unas condiciones dignas.

- Contrato de relevo en todas las jubilaciones manteniendo
   las mismas condiciones laborales, para combatir el paro juvenil.

- Derogación de las contrarreformas de las pensiones de 2011 y 2013.

 

 

 


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