El Ministerio de Interior se niega a facilitar el informe que causo de despido

El jueves 23 de enero tuvo lugar en los Juzgados de lo Social de Madrid el juicio laboral contra GIS, AENA y el Ministerio del Interior por el despido ideológico de Victoria Taibo.

Alrededor de medio centenar de personas nos concentramos frente a los Juzgados de lo Social de la calle Princesa de Madrid. En esta acción participaron representantes y delegados sindicales de CGT, AST, Solidaridad Obrera del aeropuerto de Barajas, así como miembros de Sindicalista de Izquierda; Podemos e Izquierda Unida, incluidas las diputadas de la Asamblea de Madrid Sol Sánchez y Vanessa Lillo. Tampoco faltó la presencia de organizaciones como Izquierda Revolucionaria, el Sindicato de Estudiantes, la Coordinadora 25S, el Movimiento Antirrepresivo de Madrid, Madres contra la Represión, Izquierda Castellana o el PCTE.

Tras la concentración y hasta que finalizó el juicio fuimos permanentemente custodiados por miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, tanto dentro como fuera de los juzgados. Incluso un policía nacional entró en la sala del juicio, siendo invitado por la jueza a abandonarla al no considerar oportuna su presencia y -como señaló el abogado de Victoria- suponer una práctica en absoluto habitual en un juicio de estas características.

Como era de esperar, las representantes de la empresa GIS, de AENA y del Ministerio del Interior se fueron pasando la responsabilidad unas a otras sin que al final de la vista ninguna aclarara por fin la razón del despido, quedando el juicio visto para sentencia.

Hay que destacar la actitud injustificable de la representante del Ministerio del Interior que, además de llegar cincuenta minutos tarde, lo hizo amenazando con presentar una denunciar por temeridad contra Victoria simplemente por querer saber por qué ha sido despedida. Durante todo el proceso mostró una enorme agresividad y falta de respeto, llegando a afirmar que el informe existente sobre Victoria Taibo es confidencial y que no tienen la obligación de facilitarlo. Es decir, te quitan la autorización y como consecuencia te despiden por un informe de la Guardia Civil, y ni siquiera puedes conocer dicho informe y las acusaciones que te están haciendo. Algo propio de la dictadura franquista.

Semanas antes, sindicatos y simpatizantes pusimos en marcha una campaña de denuncia de este atropello, repartiendo miles de octavillas a las trabajadoras y trabajadores del aeropuerto en las cuatro terminales de Barajas. Todo ello pese a los intentos de la seguridad aeroportuaria de impedirnos el reparto advirtiéndonos de que estaba “prohibido”. Finalmente la propia Policía Nacional tuvo que informarles de que no existe ninguna ley que prohíba repartir información sindical en un lugar público como el aeropuerto.

También se impulsó una campaña de resoluciones firmadas por sindicalistas y activistas de movimientos sociales exigiendo la readmisión inmediata de la compañera y la derogación de la Ley Mordaza aeroportuaria, enviándose al Juzgado más de 200 resoluciones en apenas un fin de semana.

Independientemente de lo que dicte la sentencia, en los próximos días se iniciará el proceso contencioso-administrativo por vulneración de derechos fundamentales, con el objetivo de que se deroguen de una vez por todas las mordazas que el Estado quiere imponer a aquellas personas comprometidas con la libertad, la igualdad y la justicia.


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