El 23 de septiembre, finalmente, el desahucio de Maricarmen se ejecutó. Después de décadas viviendo en la misma casa, esta mujer de 87 años ha sido expulsada de su vivienda y sacada en camilla para ser trasladada en ambulancia.
El 23 de septiembre, finalmente, el desahucio de Maricarmen se ejecutó. Después de décadas viviendo en la misma casa, esta mujer de 87 años ha sido expulsada de su vivienda y sacada en camilla para ser trasladada en ambulancia. Durante toda la mañana, la Policía Nacional de Marlaska desplegó un amplio dispositivo y actuó con enorme brutalidad contra las personas que intentaban impedir el desalojo. Una represión que se volvió a repetir en la enorme manifestación pacífica en las calles de Madrid esa misma tarde. Y que debería haber puesto ya encima de la mesa el cese fulminante del Delegado de Gobierno.
También estos días nos llegaba la noticia del suicido de Olga, una mujer de 54 años de Hospitalet de Llobregat que había sido desahuciada el pasado mes de abril. Estos casos son solo dos ejemplos de la barbarie a la que nos condena este sistema que pone por encima el lucro y los privilegios de las grandes empresas y los rentistas a la vida de la clase trabajadora.
El drama de la vivienda nos recuerda a los peores tiempos de la crisis de 2008, aunque el Gobierno central nos quiera vender que estamos en un momento de bonanza económica. El desahucio de Maricarmen y el suicidio de Olga no puede quedar reducidos a una tragedia individual, debemos acabar con este sistema que permite que bancos, fondos, inmobiliarias y grandes propietarios acumulen viviendas mientras miles de familias no pueden acceder a un hogar.
El Gobierno PSOE-Sumar sigue beneficiando a las grandes empresas inmobiliarias
El caso de Maricarmen llega después de que el Congreso rechazara tramitar una propuesta para prohibir que las personas jurídicas puedan comprar viviendas. PP, Vox y Junts votaron en contra y el PSOE se abstuvo. La propuesta pretendía limitar la entrada de grandes fondos de inversión en el mercado de la vivienda. El 11 de septiembre, el Congreso aprobó también, con la abstención del PSOE, una moción que plantea facilitar el desalojo de personas que ocupen viviendas sin contrato válido en un plazo de 24 a 48 horas. Es una moción no vinculante, pero vuelve a mostrar cuáles son las prioridades de este Gobierno.
Mientras el PSOE y Sumar se presentan como defensores de los derechos sociales, a la hora de la verdad las instituciones que controlan ponen todos los medios para ejecutar desahucios y proteger la propiedad de quienes especulan con ella. ¿Para qué sirve un Gobierno que habla de vivienda mientras permite que familias trabajadoras sean expulsadas de sus casas?
Es una vergüenza mayúscula que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, una vez ejecutado el desahucio de Maricarmen, se atreva a decir que “hoy es un día muy triste”, que “han hecho mucho” y que esto “evidencia las consecuencias de la especulación salvaje, de no querer controlar el mercado, de ponerles alfombra rojas a los buitres”. ¿Y qué ha hecho ella en el Gobierno si no es precisamente eso? ¿Se le olvida a esta señora que todos sabemos que tiene siete inmuebles en propiedad y que es una rentista? Por favor, ¡dimita ya!
Ahora, cuando este desahucio ha desencadenado una tremenda ira y conmoción social, Pedro Sánchez dice que “es una tragedia que no podemos aceptar”, como si no fuera el presidente desde hace 8 años. Qué hipocresía, ¡a qué esperan! Y lo mismo sus socios de Gobierno. Ha tenido que consumarse este desahucio criminal para que Sumar diga que el Ejecutivo “debe aprobar la expropiación de la vivienda de Maricarmen”. Por cierto, ¿solo de Maricarmen? ¿Porque ahora les ha estallado esta situación en la cara y les está retratando? Y qué van a hacer con las decenas de miles de maricármenes que se encuentran en una situación similar.
El PSOE no puede esconderse detrás de las palabras porque su abstención, su inacción y sus políticas son también responsables de que esta situación continúe. Son cómplices de un modelo que garantiza los beneficios de los fondos buitre, grandes propietarios y caseros rentistas mientras condena a millones de trabajadores a vivir con la angustia de no saber si podrán seguir pagando un techo.
Por otra parte, esta semana Madrid acoge The District, una de las grandes ferias internacionales del sector inmobiliario, donde fondos, promotoras, consultoras y grandes empresas buscan nuevas oportunidades de inversión. Mientras miles de familias trabajadoras viven al límite, quienes convierten nuestras viviendas en activos financieros se reúnen para decidir cómo seguir haciendo negocio. No nos sorprende que esta fiesta de la especulación inmobiliaria se celebre en la comunidad autónoma cuya presidenta se ríe de todas nosotras desde su ático pagado con dinero público y que no se corta un pelo en señalar de forma provocadora que “a Madrid se viene a prosperar en paz, a que le dejen a uno en paz, a ser propietario, inversor…”. Y por si no quedara claro remató, en este foro de buitres inmobiliarios, con las siguientes palabras: “la propiedad privada es sagrada y la defenderemos a ultranza”.
Y el Gobierno no hace absolutamente nada para impedirlo, es más, lo favorece. Se niega a topar de forma efectiva los alquileres, no expropia las viviendas de los grandes tenedores, permite que continúe la especulación y mantiene un modelo en el que nuestras necesidades básicas son una fuente de beneficios para unos pocos. No es falta de recursos ni falta de alternativas, es un posicionamiento que coloca los intereses de los rentistas por encima de las necesidades de la mayoría.
La vivienda se ha convertido en uno de los principales mecanismos de transferencia de riqueza desde la clase trabajadora hacia los propietarios y el capital inmobiliario. No hablamos únicamente de grandes fortunas. El mercado del alquiler está cada vez más concentrado en manos de propietarios con varias viviendas, empresas, bancos y fondos de inversión. Mientras tanto, nuestra clase vive situaciones de verdadera desesperación: salarios que no alcanzan, alquileres disparados, jóvenes que no pueden emanciparse y familias que viven bajo la amenaza permanente de perder su vivienda. Esta crisis social no aparece de la nada. Se agrava porque quienes gobiernan se niegan a enfrentarse a los intereses económicos que se están forrando con ella. Y cuando la clase trabajadora comprueba que un Gobierno que se dice progresista no cambia sus condiciones de vida, sino que permite que sigan empeorando, la frustración, la desesperación y la desconfianza crecen.
Esta situación también alimenta directamente el avance de la extrema derecha. PP y Vox, cuya base social se nutre también de esos caseros rentistas que se forran especulando con el precio de la vivienda, utilizan el malestar generado por esta crisis para enfrentar a trabajadores contra trabajadores, señalar a las personas migrantes y presentar a los más vulnerables como responsables de una situación provocada por los grandes propietarios y el capital inmobiliario.
Pero la responsabilidad de que la extrema derecha pueda avanzar no recae únicamente en quienes agitan el odio. También en quienes, desde el Gobierno central, alimentan las condiciones sociales sobre las que ese discurso crece. Cada desahucio, cada alquiler imposible, cada familia expulsada de su barrio y cada joven condenado a la precariedad y a vivir sin futuro ensancha el terreno para la demagogia de la extrema derecha. Y mientras el PSOE siga gobernando de espaldas a estas necesidades y protegiendo en la práctica los intereses de los rentistas y el IBEX 35, estará dejando el terreno abonado para quienes quieren convertir la desesperación de nuestra clase en odio contra los más vulnerables.
El turismo de masas y la especulación, la verdadera invasión
Esta situación golpea especialmente a las zonas sometidas a una fuerte presión turística. La turistificación está expulsando a trabajadores y jóvenes de sus barrios. Las viviendas se destinan al alquiler turístico y de temporada porque proporcionan mayores beneficios que el alquiler residencial. El resultado es conocido: barrios donde cada vez es más difícil vivir para quienes trabajan allí.
La extrema derecha de PP y Vox pretende que miremos al inmigrante como el responsable de la crisis de la vivienda, de la saturación de los servicios públicos o del deterioro de nuestras condiciones de vida. Pero mientras señalan a trabajadores que llegan huyendo de la pobreza y la explotación, las puertas están abiertas de par en par para el turismo de masas y para quienes vienen a hacer negocio.
La verdadera invasión que está expulsando a la población de nuestros barrios no son las personas migrantes, sino un modelo turístico que convierte nuestras ciudades y pueblos en mercancía, dispara los alquileres y precariza el trabajo. Millones de turistas ocupan cada año nuestras ciudades, mientras los fondos de inversión, las grandes inmobiliarias y los empresarios del turismo acumulan beneficios. Para los ricos y para el capital, las fronteras están abiertas; para el trabajador migrante, se levantan muros. Quieren que culpemos al pobre para que no señalemos a quienes realmente se enriquecen con este modelo. No son los inmigrantes nuestros enemigos, son los capitalistas.
Tenemos fuerza para organizar una huelga general para conquistar el derecho a la vivienda pública y universal
Desde Izquierda Revolucionaria defendemos un programa claro para acabar con el poder de los rentistas y conquistar una vivienda pública, universal y asequible para la clase trabajadora.
Exigimos la expropiación sin indemnización de las viviendas y suelo en manos de bancos, fondos buitre y grandes especuladores, incorporándolos a un parque público de más de dos millones de viviendas protegidas para alquiler social, con rentas que no superen el 20% del SMI y bajo control democrático de inquilinos, sindicatos y colectivos de vivienda. Defendemos un tope inmediato de los alquileres que permita reducir un 50% la media actual, contratos indefinidos, la prohibición de cláusulas abusivas y sanciones a quienes las incumplan. En las zonas con déficit habitacional, debe prohibirse el alquiler turístico y de temporada y garantizarse una prohibición real de los desahucios. Apostamos además por expropiar las grandes inmobiliarias y constructoras y crear una red estatal de empresas públicas de construcción bajo control obrero, acabando con el negocio especulativo de la vivienda.
Este programa no se conseguirá mediante acuerdos de despacho. La experiencia de nuestra clase demuestra que los derechos que afectan a los intereses de los grandes propietarios no se conquistan mediante negociaciones a puerta cerrada, se conquistan con organización y lucha.
En Catalunya el Sindicat de Llogateres planteó la necesidad de una huelga general por la vivienda. El pasado junio, una macroencuesta impulsada por organizaciones sindicales y de vivienda recogió 9.527 respuestas procesadas y un 82,2% fueron favorables a una huelga general para rebajar por ley los precios de la vivienda. Estas encuestas expresan un malestar profundo. Pero necesitamos dar un paso más.
La votación del Congreso de septiembre vuelve a demostrar los límites de la vía parlamentaria cuando están en juego los intereses del capital inmobiliario. El camino hacia la victoria en esta crisis de la vivienda es la organización desde abajo. Por eso debemos fortalecer los sindicatos de inquilinas y vivienda, que están jugando un papel de primer orden en la organización en los barrios y la movilización, y que tienen que aprovechar este momento para convocar en las próximas semanas grandes manifestaciones en todas las ciudades del Estado, concentrar toda la rabia y la fuerza que tenemos un mismo día para exigir la expropiación de los grandes especuladores y caseros rentistas, el fin de los desahucios y un llamamiento a la huelga general para garantizar una vivienda pública y universal que ponga fin a la actual situación de emergencia social que sufrimos.
Necesitamos que los sindicatos de clase dejen de mirar hacia otro lado —tienen que sentir nuestra presión en las calles—, hagan suyo este conflicto con una huelga general por la vivienda, unificando las reivindicaciones de quienes no pueden pagar el alquiler, de quienes sufren desahucios, de quienes no pueden emanciparse y de quienes tienen que marcharse de sus barrios y ciudades.
Tenemos fuerza para levantar esta huelga general. Lo hemos visto estos últimos meses en la rebelión por la educación pública en País Valencià, en Catalunya y próximamente en Madrid. Lo hemos visto en las manifestaciones feministas, por el pueblo Palestino y en las luchas sindicales como la de los y las trabajadoras de Airbus. Pero sobre todo lo hemos visto con el estallido de indignación contra el desahucio de Maricarmen que ha sacado a las calles desde abajo y en decenas de ciudades a miles y miles de personas para plantar cara a este sistema miserable. Tenemos la fuerza y la determinación para llevar adelante una huelga general que ponga en el centro la vivienda pública y universal, el acabar con los desahucios, la rebaja inmediata de los alquileres y la expropiación de las viviendas en manos de bancos, fondos y caseros rentistas.
